Desde el PCA en Huelva queremos señalar que el compromiso de garantizar el derecho a la vivienda es uno de los principales acuerdos del gobierno de coalición, por eso la Ley de Vivienda debe garantizar ese derecho, sin excusas. Pero las medidas en materia de alquiler anunciadas por el Ministerio de Fomento, dirigido por el PSOE, no van por ese camino y por eso no cuentan con el apoyo del PCE.

Por ello llamamos a toda la sociedad a participar en las acciones convocadas el sábado 20 de marzo en defensa de una Ley social justa que garantice el derecho a la vivienda, que en Huelva ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a las 11:00h, en la Plaza de las Monjas, apelando a la responsabilidad para dar ejemplo de cumplimiento de las medidas sanitarias.

Durante los últimos 5 años el precio medio del alquiler en España se ha incrementado en un 50%, y en Andalucía los alquileres han subido una media del 43%. Mientras tanto, los salarios apenas han subido. Por eso, una rebaja del 10% a cambio de desgravaciones en el IRPF de hasta el 90% para los propietarios, tal y como propone el Ministerio de Fomento, es un insulto a la inteligencia de los trabajadores y trabajadoras de este país, porque no tiene en cuenta nuestra situación económica y mucho menos la de quienes se hallan en una situación más precaria, que llegan a pagar alquileres cuyos costes varían entre el 30% y el 50% de sus ingresos, sin apenas más opciones que aceptarlos.

Más aún, esta medida apenas beneficiará a los pequeños propietarios, que se ahorrarán algunas decenas de euros, pero sí que beneficiará a los grandes tenedores de propiedades, como bancos y fondos buitre, se ahorrarán millones de euros. Se trata de una medida insultante, más aún sabiendo que hay más de un millón de viviendas vacías en el conjunto de ciudades españolas de más de 100.000 habitantes, que ni siquiera están disponibles para alquilar, sino que están sirviendo para especular con el precio de la vivienda y garantizar su subida.

Además, esta medida dañará los ingresos con los que se financian los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la dependencia. Dicho de otro modo, pagaremos los beneficios de los grandes propietarios a costa de nuestros impuestos.

Por todo ello nos comprometemos con seguir peleando por el derecho de todos y todas a acceder a una vivienda en condiciones justas y apoyamos la Iniciativa popular por una Ley de Vivienda digna y con su programa:

1. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.

2. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.

3. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.

4. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.

5. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Esta iniciativa, impulsada por los sindicatos de clase, por las organizaciones populares de defensa del derecho a la vivienda, por el movimiento vecinal, por las redes de lucha contra la pobreza reivindica algo muy básico, que debe ser una política estructural de forma urgente: la vivienda debe dejar de ser un producto de mercado para ser un derecho social básico.

La función social de la propiedad de la vivienda debe prevalecer cuando hay millones de viviendas vacías y cientos de miles de familias tienen dificultades para tener una vivienda digna o directamente no lo tienen. Nuevamente, es preciso tomar medidas para atajar una situación injusta, a la que hemos llegado porque los sucesivos gobiernos desregularon las políticas de vivienda para beneficiar a los mercados.

¡La vivienda es un derecho, no un negocio!