Desde el PCA en Huelva queremos denunciar la pasividad de la Junta de Andalucía ante el crecimiento de contagios por COVID-19 en Huelva y Andalucía. La pandemia no ha dejado de estar entre nuestros análisis, preocupaciones y propuestas. Si escuchamos y leemos con atención los avisos del personal sanitario, científico y de emergencias, nos damos cuenta de que nuestro sistema sanitario no está preparado para afrontar una segunda oleada de contagios por COVID-19, que a día de hoy deja en nuestra provincia 178 casos; ni mucho menos para afrontarla con políticas destinadas a recortar en los servicios públicos y a potenciar la sanidad privada.

Pero las alarmas no sólo saltan desde el personal sanitario, que lleva años denunciando situaciones de precariedad; la falta de rastreadores sanitarios (en Huelva apenas superamos el 10% del número de profesionales recomendado), el cierre de urgencias en los pueblos, la falta de cobertura de personal de todo tipo o el deterioro de la atención primaria. Las denuncias sobre la situación proceden también desde el personal de la educación pública, desde las organizaciones sindicales, desde los ayuntamientos y desde las organizaciones vecinales, entre otras. Esta situación, similar a una pesadilla recurrente, es la “crónica de una muerte anunciada” a la que el trifachito ha hecho caso omiso.

No obstante, el incremento de los contagios por COVID-19 no es el único motivo de la presión sobre nuestro sistema sanitario, ni siquiera el principal. Hace mucho que la patronal viene exigiendo a los distintos gobiernos la privatización de los servicios públicos, porque consideran que su existencia, tal y como queda reflejado en el Tratado de Maastritch de la Unión Europea, es un obstáculo para transformar la atención a las necesidades sociales en un negocio lucrativo.

Este ataque privatizador se produce desde dos ámbitos. Por un lado, desde un discurso que sostiene que la atención a las necesidades sociales, lejos de ser una inversión y una forma de redistribuir la riqueza, supone un gasto innecesario, lo que supone un ataque que se produce desde los medios de comunicación financiados por la patronal. Por otro lado, a través de las políticas de recorte de inversiones, emprendidas por los mismos gobiernos liberales que gestionan los servicios públicos, con el objetivo de que la población (la que se lo pueda permitir) acabe recurriendo a los servicios privados.

Resulta especialmente significativo que, en el caso de la sanidad, los principales recortes se produzcan en la atención primaria. Sobre el papel, nuestros centros de salud constituyen la base de la atención sanitaria, y los planes provinciales de salud (el último plan provincial es del año 2016) le atribuyen una labor sociosanitaria fundamental: actuar sobre las causas sociales y económicas, donde está el origen de los hábitos y formas de vida que provocan el deterioro de nuestra salud, poder actuar antes de que aparezca la enfermedad y realizar un seguimiento adecuado, que evite que los problemas de salud se agraven y tengan que pasar al sistema hospitalario.

Si estos planes se hubieran puesto en marcha, reforzando la coordinación entre las distintas administraciones, tanto los ayuntamientos como los otros servicios públicos, contarían con los recursos adecuados para prevenir la transmisión de nuevos casos de COVID-19. Si los responsables del Gobierno de la Junta de Andalucía hubieran adaptado los recursos y los servicios disponibles a las necesidades de la población, se hubieran reducido las listas, tanto para pruebas diagnósticas como para las intervenciones; y si el personal de atención primaria hubiera contado con los recursos organizativos necesarios para realizar su trabajo, la presión sobre el sistema hospitalario no se hubiera producido.

El servicio que se presta desde los centros de atención primaria no resulta conveniente a la sanidad privada. Para ellos, sin enfermedad no hay tratamiento por el que facturar y no hay negocio. Se trata de una visión en la que nuestra salud es una mercancía, por eso los centros de atención primaria se han convertido en el blanco de los recortes de la Junta sobre el sistema público de salud y los planes provinciales se han convertido en papeles mojados.

Desde el PCA en Huelva queremos dar las gracias a la labor de los y las profesionales del sistema público de salud, que se empeñan en prestar la mejor atención posible, poniendo en riesgo incluso su propia seguridad. Gracias a ellos y a ellas podemos decir que se mantiene una atención de calidad. Pero también gracias a una población cada vez más concienciada sobre esta labor y sobre las dificultades por las que atraviesa nuestra salud pública.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora onubense, a secundar la manifestación convocada por la plataforma “Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad”, una movilización que saldrá el próximo domingo 25 de Octubre de 2020, a las 12h, desde la Plaza del Antiguo Estadio Colombino. Una protesta necesaria, para exigir a la Junta que abandone su política privatizadora, e invierta en los medios necesarios para que los y las profesionales de la sanidad pública puedan atendernos a todos y a todas en las condiciones adecuadas.