Desde el Comité Provincial del PCA en Huelva denunciamos públicamente la subida abusiva e injustificada del precio de la luz. Una subida que va a suponer un esfuerzo más para el bolsillo de la clase trabajadora.

Aunque se trata de una situación excepcional, todos y todas sabemos que las subidas “puntuales” de los precios de la electricidad son cada vez más frecuentes. Las compañías lo hacen precisamente en los momentos en los que más consumo energético prevén, en plena ola de frío y nieve, como en este caso, pero también durante las olas de calor, sumando esta abusiva subida del precio al deterioro de las condiciones económicas de las familias trabajadoras, muy castigadas por las circunstancias de la pandemia.

Las consecuencias no solo se trasladan a nuestros bolsillos directamente, sino que también las notamos en centros de enseñanza mal climatizados, con nuestros hijos e hijas pasando frío en invierno y exceso de calor en primavera, o en hogares que, al no poder pagar la factura de la luz, recurren a hornillos y estufas de carbón para poder calentarse, sufriendo incendios e intoxicaciones accidentales, en muchos casos.

También queremos denunciar que el sistema de establecimiento de precios de la energía se basa en la especulación con los precios, ya que cuando más consumo de electricidad necesitamos, las compañías utilizan como precio de referencia el de las fuentes de energía más caras, aunque estén usando energía producida a partir de fuentes más baratas.

A modo de ejemplo. Si tenemos un mismo producto que, en función de cómo lo produzcamos puede tener tres precios distintos. En los momentos en los que más se necesita ese producto las compañías nos venden el más barato de producir, pero al precio del más caro.

Se trata de un sistema hecho a medida de las tres compañías que en España conforman el oligopolio de las compañías eléctrica, un sistema completamente desregulado, diseñado por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, para garantizar los beneficios de éstas.

Algo que no ocurre solo con el sector energético, sino con muchos otros mercados que están desregulados y completamente en manos del mercado, como el de la vivienda o la alimentación. Y la consecuencia de esta forma de funcionamiento es que nuestra seguridad y nuestro bienestar están en manos de un puñado de empresarios, cuyo objetivo es obtener beneficios sin importar que las familias trabajadoras salgamos perjudicadas.

Por eso es urgente abordar el cambio en el modo en que se produce energía en nuestro país, regular los precios máximos  y obligar a las compañías usar las fuentes de energía más baratas, como las renovables, con gran potencialidad en nuestro país, para mantener bajos los precio de producción y sobre todo, precios justos para las familias y para el tejido empresarial.

Esto supone cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, destinado a ese fin. Nos consta que, desde el conjunto de formaciones políticas que componen UP, existe la voluntad de acometer esta reforma en el menor plazo posible, pero el socio mayoritario del gobierno, el PSOE, debe querer hacerlo para que sea posible proteger a las familias.

Bajo nuestro parecer, además de lo anterior, para corregir las deficiencias del mercado resulta imprescindible crear una empresa pública de producción, distribución y comercialización de energía, que rompa el oligopolio y obligue a las empresas del sector a acabar con la opacidad con la que operan y a reducir sus precios para poder competir.

Además, a través de una empresa pública, el estado tendría capacidad para compensar las subidas momentáneas de los precios con los beneficios que obtuviera, lo que se notaría en la factura del consumidor/a, ya que se mantendrían unos precios justos y estables para las familias. Una empresa pública, además, bajo control democrático, sujeta a las normas de transparencia, al control parlamentario y al de los consumidores/as, no al control de los inversores privados.

Por último, consideramos preciso que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia abra una nueva investigación para determinar cómo han actuado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones fraudulentas por parte de algunos agentes del mercado, como ha ocurriendo en otras ocasiones por parte de algunas compañías.