Por la defensa del Sistema Público de Pensiones.

Ante el anuncio de la inminente puesta en marcha de una reforma integral del Sistema Público de Pensiones, estamos asistiendo a una campaña de desinformación interesada por parte de los poderes económicos-financieros, sustentada por los medios de comunicación afines a los sectores más reaccionarios del país, basada como siempre en la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones, con la clara intención de que no se cumplan los acuerdos del gobierno de coalición, anunciando recortes y graves retrocesos en los avances conseguidos en esta materia en detrimento de la gran mayoría social: pensionista de hoy, pero también, y con mayor énfasis, a los pensionistas del mañana.

El Ministro Escrivá, animado por la patronal y los poderes económicos, nos ha venido anunciando a modo de globos sondas una reforma que, a groso modo, establece:

-     La insistencia en no modificar la edad de jubilación, que seguirá siendo la de 67 años.

-      La imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones. Medida esta que ni siquiera se encuentra incluida entre las 22 recomendaciones acordadas en el seno de los Pactos de Toledo.

-      El   endurecimiento   de   las   condiciones   de   jubilación   anticipada   estableciendo coeficientes reductores para desincentivarlas. Esto conlleva a su vez proponer incentivos para demorar la jubilación voluntaria.

En España, en el contexto que actualmente se encuentra el país, con cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años parados, de salir adelante estas medidas sería simple y llanamente letal para la clase trabajadora.

La política económica del gobierno debe ir encaminada a la consecución del pleno empleo que garantice la estabilidad laboral, la suficiencia salarial y la reducción del desempleo, consecuentemente para garantizar las pensiones a futuro, siendo para ello necesario ahora más que nunca la derogación de las reformas laborales y de pensiones en sus aspectos más lesivos.

-      Impulso a los planes privados de pensiones de empresa con preferencia al ámbito sectorial, cuestión que permitiría el debilitamiento de las pensiones públicas y abriría, aún más si cabe, las puertas a un gran nicho de negocio para la banca y las compañías aseguradoras.

-      Se comprometió a eliminar el factor de sostenibilidad y así se reflejó claramente en los acuerdos de cogobierno. Ahora se propone su sustitución por el llamado “mecanismo de solidaridad intergeneracional” que, aunque no se ha detallado, parece que será un instrumento que limite las pensiones públicas dependiendo de parámetros que para nada incluyen elementos sociales y de justicia con los mayores.

Todas estas cuestiones enlazadas con aspectos positivos fruto a la lucha sindical y de los movimientos sociales por la defensa del Sistema Público de Pensiones como podrían ser la revalorización de las pensiones al IPC , la modificación del complemento de maternidad de pensiones o la cláusula de salvaguardia que protege la jubilación de los trabajadores de avanzada edad que perdieron su empleo en los años más duros de la crisis, junto con el destope de la bases máximas de las cotizaciones  y la separación de fuentes para que desde los PGE se asuman determinados gastos impropios que no les corresponde a la Seguridad Social, son motivos más que suficientes para continuar apoyando las movilizaciones en defensa de pensiones justas contra las pretensiones de recortes de las prestaciones y las medidas encaminadas a la privatización progresiva del sistema.