Ante el escandaloso anuncio por parte de la empresa del despido forzoso de 8.291 empleados/as de Caixabank (237 en la provincia de Sevilla) y de 3.000 en el BBVA, la Conferencia Provincial de Sevilla del PCE-A manifiesta su explícito apoyo a todas las trabajadoras y trabajadores de estas entidades que, además de ver amenazados sus puestos de trabajo, también ven amenazadas sus condiciones laborales con recortes de los derechos adquiridos durante largos años de lucha mediante la negociación colectiva con los sindicatos de clase a la cabeza.

En el momento actual, a las puertas de una crisis económica sin precedentes que está induciendo a una situación de emergencia democrática, solo podemos calificar como un insulto a las plantillas estos anuncios de despidos masivos máxime cuando, por ejemplo, Caixabank ha presentado recientemente unos beneficios en el primer trimestre de 2021 de 4.786 millones de Euros. Pero, por si esto no fuera poco, en la última Junta General de Accionistas de esa entidad se procedió a una escandalosa, bochornosa y avergonzante subida de los salarios de la cúpula directiva (Goirigolzarri, presidente de la entidad, pasará a cobrar de 500.000 € a 1,65 millones de € al año y no es el único caso). Por otra parte el BBVA justifica sus despido por “causas económicas” cuando igualmente cierran cuentas ganando más que antes de la pandemia.

Las empresas se cierran en banda y hace caso omiso al requerimiento del Ministerio de Trabajo representada por nuestra camarada Yolanda Díaz que ha dirigido sendas misivas a estas entidades recordando que la legislación de los ERE siempre ha de ser una práctica extraordinaria, no  siendo  actualmente  tiempos  de  despidos  colectivos.  A  pesar  de  ello,  las  empresas se mantienen inmovilistas  en  sus  propuestas y  anuncian  que  quieren  financiar  los  despidos quitando salario a la plantilla. Todo un despropósito.

Queremos denunciar el  papel del  Banco de España,  institución pública, sufragada con los presupuestos generales del Estado, que, como siempre, continúa fiel a sus planteamientos neoliberales en beneficio de las grandes empresas y en prejuicio de la ciudadanía. Su cometido como institución e la de “Promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero nacional”, lo cual les obliga a vigilar las prácticas abusivas de la banca (cierres masivos de oficinas, carga indiscriminada de comisiones, cláusulas abusivas en las contrataciones, condiciones laborales …), función de la que hace dejación cuando, a pesar de los excelentes beneficios, no supervisa los despidos de las plantillas y, como hemos dicho, los directivos bancarios cobran sueldos, bonus e indemnizaciones escandalosas, dedicándose a recomendar en sus informes anuales la vía de los recortes como senda para la salvación económica del país. Ya no se quiere recordar aquellos más de 66.000 millones de € que nos costó a todos/as los españoles/as el rescate de la banca en la última crisis económico-financiera (entre ellos más de 21.000 millones de € de Bankia entidad recientemente absorbida por Caixabank) y de los que a duras penas solo se recuperará unos 10.000 millones de €.

Igualmente exigimos al gobierno que preserve el porcentaje de participación en el Consejo de Administración de Caixabank (16%) haciéndolo valer donde proceda tanto como sea necesario y que esto sirva para retomar el camino hacia la creación de una verdadera banca pública para proteger a la ciudadanía y a sus ahorros reduciendo el poder de la oligarquía financiera para desarrollar una política de apoyo a sectores productivos prioritarios así como aspirar a transformar nuestro actual modelo que ha quedado en evidencia en las sucesivas crisis que estamos pareciendo.