El pasado 13 de febrero conocimos el fallo inapelable y por unanimidad de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que considera, al contrario que una primera sentencia de los jueces de Estrasburgo, que al realizar la devolución sumaria de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014, España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo

Hay veces que las decisiones judiciales no pretenden solo sancionar un hecho concreto sobre un aspecto específico de la ley, sino que pretenden tener un carácter ejemplarizante, lanzar un mensaje a otras personas, en definitiva, generar miedo.

Entendemos que este es el objetivo de la resolución del tribunal de Estrasburgo sobre la devolución en frontera de esas 2 personas, contradiciendo con ello decisiones anteriores sobre las conocidas como devoluciones en caliente.

Estamos convencidos y convencidas que esta sentencia solo viene a reflejar la actitud general de los gobiernos de Europa, apoyados por movimientos políticos antiinmigración, de mantener una política de represión y criminalización frente a las personas migrantes que intentan llegar a nuestras fronteras. Refleja la incapacidad política para entender que nadie se juega la vida a la hora de buscar vías de entrada diferentes a las reconocidas como oficiales si no es porque ese modo de entrar es el único que se deja a la gran mayoría de personas que se ven obligados a salir de su tierra por diversos motivos. Revela la intención generalizada de levantar y fortalecer muros y vallas, militarizar las aguas internacionales, ignorando que estas medidas no han hecho sino aumentar el sufrimiento pero en ningún momento se orientan a las causas de por qué las personas se ven obligadas a salir de su hogar.

Es una realidad, como decimos, que Europa asiste a una gravísima crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de centenares de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. A su vez asistimos a la proliferación de  discursos xenófobos y racistas  que nada tienen que ver con los sentimientos y valores de la mayoría social europea. Discursos que son necesarios contrarrestar con pedagogía y con la difusión del verdadero drama que está ocurriendo en nuestras fronteras, con sus causas y con sus consecuencias.

Por ello, denunciamos que el Gobierno Español sea “cómplice” del actuar de las instituciones europeas en su determinación de vulnerar los Derechos Humanos en las Fronteras, legalizando las llamadas “devoluciones en caliente” y adoptamos los siguientes

ACUERDOS

4839589913. Instar a la Unión Europea a
            • Cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo poniendo en el centro a las personas y a sus derechos
            • Habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en peligrosas rutas
            • Garantizar una acogida digna y adecuada protección que incluya la atención sanitaria y respeto a los Derechos Humanos
            • Garantizar la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada
            • Incorporar en las políticas migratorias a nivel europeo el objetivo de la gestión de las nuevas fronteras invisibles que se están generando en nuestras ciudades y en nuestros barrios, con una apuesta decida por la construcción de convivencia y diálogo intercultural
            • Finalizar la militarización de las zonas que puede derivar en conflictos aún más complejos con gravísimas consecuencias para la población.
            • Apostar por una política europea y presupuestaria común que dé apoyo a la situación de refugiados y migrantes

5611111729.  Instar al Gobierno de la Nación a
            • Reforzar el sistema nacional de acogida a refugiados de manera acorde a la evolución de las necesidades con los recursos, número de plazas y presupuesto necesario
            • Respetar los derechos humanos en la frontera sur (específicamente en Ceuta, Melilla, Canarias y la costa marroquí) y en el resto de las fronteras europeas
            • Velar por que el conjunto de actores políticos, económicos y sociales no empleen mensajes de carácter xenófobo, discriminatorio o racista hacia la población migrante y refugiada
            • Llevar a cabo acciones específicas de información y sensibilización de la opinión pública española sobre la situación de emergencia actual y sus causas
            • Reforzar la política de integración con un plan de barrios que apueste por la convivencia, el diálogo intercultural, la gestión positiva de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia
            • Incrementar los fondos para ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo sin utilizar los fondos de cooperación internacional como compensación o incentivo al control de fronteras ni destinarlos a la atención de personas solicitantes de asilo y refugio en Europa
            • Defender una postura en las instituciones europeas, que sea reflejo del sentir de la sociedad española y que, por tanto, defienda el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.