Es la primera vez que el Gobierno de España recibe a la familia del joven malagueño asesinado por la policía en 1997

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han recibido hoy a las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que el 4 de diciembre de 1977 fue asesinado por la policía durante las manifestaciones autonomistas celebradas aquel día histórico. 

Es la primera vez que el Gobierno de España recibe a la familia de Manuel José García Caparrós, recientemente reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía, por ser un símbolo de la lucha del pueblo andaluz por la autonomía durante la Transición Española.

Iglesias y Garzón han recogido las demandas de la familia que, desde hace 43 años, piden la desclasificación de los documentos de la comisión de investigación realizada por el Congreso de los Diputados y que, aún hoy, permanecen secretos.

Los miembros del Gobierno han trasladado a la familia las principales líneas del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros y que afectarían al caso de García Caparrós. Entre ellas, cabe señalar que se reconoce la categoría de "víctimas de la Transición" que la vigente ley de memoria histórica, de 2007, no reconoce. Por tanto, en caso de ser finalmente aprobada, las medidas de esta ley se extenderán a víctimas como García Caparrós, dado que la ley también comprende el periodo que va desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta la aprobación de la Constitución en 1978.

Asimismo, y en caso de que la futura Ley se apruebe, se reconocerá el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten. Igualmente, en el anteproyecto de ley se establece un mandato para que se promueva la modificación de la Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar este derecho en los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado.

Por último, se crea una Fiscalía de Sala para la investigación de hechos constitutivos de violaciones de los Derechos Humanos producidos hasta la entrada en vigor de la Constitución.