Desde el PCA de Granada se considera que la justicia española da la espalda al pueblo y opta por favorecer a los más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000 millones de euros de dinero público logrado con nuestros impuestos
Desde el PCA de Granada exigimos la “inmediata dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, por su actuación “anómala e irregular” en la crisis de las hipotecas.
Tras dos días de “vergonzosos debates”, los 28 magistrados que componen el Pleno de esa Sala Tercera del Tribunal Supremo, convocado saltándose por parte de Díez-Picazo y con el aval de Lesmes, ex alto cargo del Gobierno de Aznar, el sentido común y cualquiera de las normas de las que se había dotado el propio tribunal, enmienda la doctrina consolidada precisamente por la sección del tribunal experta en materia tributaria. Logran así -añade- favorecer los intereses económicos de esa misma banca que paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de elite.
Para el PCA de Granada el vergonzoso resultado de esta burda maniobra sin precedentes y contraria a lo establecido en la ley, al dictado de la banca y de la desmesurada campaña publicitaria desatada por los poderes económicos, consigue anular de un plumazo la doctrina jurisprudencial que se creía firme creada por tres sentencias obtenidas por la Empresa Municipal de la Vivienda del municipio de Rivas Vaciamadrid. De esta forma echan por tierra la obligación de que el impuesto que grava las hipotecas lo pagara el banco que concede la hipoteca, no el cliente, ya que es el propio banco el único que se beneficia de la obligación de formalizar esos préstamos en escritura pública.
Para el PCA de Granada la justicia española da la espalda al pueblo y opta por favorecer a los más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000 millones de euros de dinero público logrado con nuestros impuestos. Es la misma banca privada que no para de incrementar sus beneficios y los millonarios salarios de sus ejecutivos desde que se inició la gran estafa denominada ‘crisis'.
“El Poder judicial ha traspasado todas las líneas rojas”, valora la dirección del PCA de Granada, para quien “es imprescindible una reforma en profundidad de la justicia. Ésta debe implicar cambios constitucionales profundos que acaben con un Poder Judicial endogámico, al servicio de las minorías privilegiadas, lastrado por su pasado franquista y nunca modernizado ni democratizado en profundidad”.
Por todo ello, el PCA de Granada llama al apoyo a las concentraciones que se produzcan para denunciar “el chantaje y el secuestro de los poderes públicos del Estado por parte de la banca privada, urgiendo a la movilización social: por la justicia y la democracia”
