Documento político del Área Ideológica del PCA
- ANDALUCÍA Y EL FEDERALISMO REPUBLICANO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
- LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA ANDALUZA Y LA II REPÚBLICA
- EL RENACER DE LA REIVINDICACIÓN ANDALUCISTA EN LA TRANSICIÓN Y LA CONVOCATORIA DEL 4D
- EL IMPACTO DE LA MOVILIZACIÓN ANDALUZA
- LAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS
- LA SITUACIÓN ACTUAL: LA CRISIS DEL RÉGIMEN DE 1978 Y EL PAPEL DE ANDALUCÍA
1. ANDALUCÍA Y EL FEDERALISMO REPUBLICANO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El federalismo en Andalucía se expresa por primera vez con fuerza en la revolución de 1868, “La Gloriosa”, en Cádiz ya que en dicha época la reivindicación democrática de las clases populares estaba vinculada a la propuesta de una República Federal.
En esos tiempos, Andalucía era todavía una región relativamente rica en el conjunto de España y conocía un temprano proceso modernizador que chocaba con las estructuras tradicionales del poder. La “Gloriosa” estalla en 1868 como resultado de la colisión entre los sectores progresistas de la burguesía y pequeña burguesía urbana, la incipiente clase obrera y otras capas populares, de una parte, y la oligarquía, la Iglesia y el resto de fuerzas reaccionarias, de la otra.
Con la “Gloriosa” se abre el periodo conocido como el Sexenio Revolucionario (1868-1874) caracterizado por la inestabilidad política (gobierno provisional, monarquía constitucional de Amadeo de Saboya, I República, …). Esta inestabilidad es el resultado tanto de la oposición de las fuerzas reaccionarias, como de las dificultades de acomodar los intereses de una burguesía cada vez más proclive al entendimiento y la fusión con aquellas con los de las clases populares.
Como volvería a suceder en 1936, este intento modernizador se saldó con una sublevación militar: el golpe de Pavía de 1874, que acabó restaurando la monarquía borbónica bajo una nueva alianza entre la gran burguesía y las oligarquías tradicionales.
Bajo este nuevo reparto del poder se consolidó el “modelo productivo” extractivo, arcaico y clientelar que dejó de lado a Andalucía hundiéndola en la postración que le caracterizaba a comienzos del siglo XX y cuyos rasgos, aunque muy transformados, aún persisten. La cuestión de la Reforma Agraria y la propiedad de la tierra sintetizan a lo largo de un siglo la disputa en torno a esas relaciones de producción.
LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA ANDALUZA Y LA II REPÚBLICA
La Autonomía de Andalucía durante la primera parte del siglo XX se convirtió en un movimiento reivindicativo con el fin de conseguir mejoras sociales, económicas y políticas y, si bien la primera petición de autonomía para Andalucía está documentada en noviembre de 1918, hasta la proclamación de la Segunda República con la promulgación de la Constitución de 1931, no se abrió la posibilidad legal de conceder cierta autonomía política a las regiones españolas, centrada inicialmente, y según lo acordado en el Pacto de San Sebastián, en el caso catalán.
En Andalucía, ya en abril habían resucitado las primeras asociaciones del andalucismo, los Centros Andaluces, los cuales se transformaron en la Junta Liberalista de Andalucía, con un programa federalista. A propuesta de la Junta, la Diputación Provincial de Sevilla convocó en mayo de 1931 una asamblea de municipios sevillanos para abordar la consecución de la autonomía andaluza. La asamblea, sin embargo, no tuvo lugar hasta después de las elecciones constituyentes, el 6 de julio. En ella, se acordó redactar un proyecto de estatuto de autonomía, al mostrarse la mayoría de los municipios sevillanos favorables a la autonomía, pero siempre que no se atentase contra la unidad de España. Esta iniciativa, sin embargo, tuvo poco éxito. Al escaso respaldo popular (sólo la débil prensa andalucista promovió la autonomía) se unió la suspicacia del resto de provincias contra un supuesto neocentralismo, basado esta vez en Sevilla. La debilidad del movimiento andalucista era patente. Por una parte, la Diputación Provincial de Granada proponía a las de Jaén y Almería formar una región autónoma oriental, en tanto que la de Huelva dudaba entre permanecer al margen de cualquier autonomía o vincularse a Extremadura.
A pesar de todo, las diputaciones provinciales andaluzas aprobaron el 26 de febrero de 1932 en Sevilla un anteproyecto de Estatuto bastante limitado, que proponía simplemente una descentralización administrativa, similar a la de una mancomunidad. Sólo dos fuerzas marginales como los andalucistas y los federales consideraron este anteproyecto claramente insuficiente. Nada se hizo hasta la Asamblea de Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933. En esta asamblea se aprobaron, después de arduas discusiones, unas Bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía que se alejaban del anterior anteproyecto y se aproximaban a los estatutos catalán o gallego. Sin embargo, los representantes de Granada, Jaén y Almería, por un lado, y los de Huelva por otro, volvieron a expresar su rechazo a una autonomía andaluza, llegando los representantes de Almería, Granada y Jaén a abandonar la asamblea.
Con la llegada de las derechas al poder en España, el proyecto quedó congelado y nada volvió a hacerse hasta después del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. En abril de ese año, la Junta Liberalista Andaluza volvió a hacer aparición creando Acción Pro-Estatuto Andaluz y llevando a cabo una campaña de difusión de las bases aprobadas en Córdoba en 1933. Tras la legislatura radical-cedista, el Frente Popular se mostraba más partidario de apoyar los estatutos de autonomía y eso se tradujo en su apoyo al de Andalucía, si bien Granada y Huelva seguían expresando sus reticencias al proyecto. El 5 de julio se celebró en Sevilla una asamblea convocada por la Diputación sevillana, sin que se alcanzasen resultados concretos. La sublevación militar que se produjo poco después y dio origen a la Guerra Civil hizo morir el proceso. Durante la guerra Blas Infante fue fusilado.
EL RENACER DE LA REIVINDICACIÓN ANDALUCISTA EN LA TRANSICIÓN Y LA CONVOCATORIA DEL 4D
Tras las elecciones de Junio 1977 los parlamentarios andaluces formalizan el 12 de Octubre en Sevilla una Asamblea de Parlamentarios andaluces con el objetivo de consensuar con el ejecutivo de Suarez un régimen autonómico. Los trabajos de redacción de la Constitución habían comenzado en el Congreso apenas unos meses antes (en agosto). Es en éste compás de espera y para presionar sobre el gobierno central, la Asociación Averroes Estudios Andalusí de Sevilla impulsa la celebración de un primer día de Andalucía.
El día elegido fue el 4 de Diciembre, en recuerdo del levantamiento popular producido en Cádiz en los primeros días de Diciembre de 1868, cuando en respuesta al giro conservador que toma el gobierno surgido de “La Gloriosa”, los obreros del Puerto de Santa María convocan una huelga, apoyada por los voluntarios locales, éste hecho provoca la noticia de que el Ejército va a acudir a sofocarla y que luego se dirigirá a Cádiz para desarmar a los voluntarios, el gobernador militar de Cádiz declara la ciudad en estado de guerra, ante lo que el pueblo ocupa el Ayuntamiento.
La movilización andaluza del 4D de 1977 señala un momento de gran convergencia entre la clase obrera y las otras capas populares andaluzas en torno a la reivindicación del poder político andaluz como herramienta para la superación del atraso y el paro crónicos y para la satisfacción de la demanda de bienes y servicios públicos básicos.
A diferencia de otras movilizaciones de tipo “identitario” se trata de un “nacionalismo cívico” que diferencia entre el pueblo y la oligarquía, es decir identifica la contraposición entre las clases dominantes y las dominadas. La reivindicación autonomista andaluza de la transición enlaza así con las luchas democráticas del siglo XIX y con las expectativas de cambio de la II República.
La conciencia que subyace a esta toma de postura popular es la de que un poder político andaluz sería capaz de poner fin al atraso histórico de Andalucía actuando sobre las estructuras de propiedad (la Reforma Agraria) y mediante la planificación democrática movilizando los recursos públicos y privados. Esto junto a la exigencia de derechos sociales y servicios públicos es el programa que sustenta la movilización.
Se manifestaron cerca de dos millones de personas en toda Andalucía y en Barcelona, la “novena provincia” por la emigración
también se concentraron 250.000 personas.
Ésta maravillosa jornada, tuvo su contrapunto dramático en Málaga, donde es asesinado Manuel José García Caparrós. La ultraderecha mantiene una actitud claramente provocadora, el presidente de la Diputación, el falangista Francisco Cabeza González, se niega a poner la bandera verde y blanca en el balcón de la Diputación en contra de lo decidido en el Pleno. En la cola de la manifestación, un joven escala la fachada del edificio y coloca una bandera andaluza. A partir de ahí, la actuación de la policía y los fascistas provocan el caos en el centro de Málaga, ahí cae Caparrós, un joven trabajador de cervezas Victoria, militante del PCE y de CCOO.
Las fuerzas políticas andaluzas se vieron sorprendidas por la importancia que adquirió la movilización:
El PSA, antigua ASA, fue, a través de algunos de sus dirigentes históricos un inspirador de la propuesta.
El PSOE, el partido más votado de la izquierda pero sin organización, rápidamente se sumó al carro y se aprovechó de los errores tácticos del PSA que, atendiendo al origen de clase de sus dirigentes, acabó virando al identitarismo y perdiendo el norte.
Además la cuestión de la autonomía andaluza jugó un papel en el desgaste de la UCD (que se dividió con la operación Clavero) y ayudó a Felipe González a llegar al poder.
El PCE (entonces, PCA después) también se vio sometido a una transformación importante, siendo los dirigentes comunistas de CCOO del Campo los que actuaron como punta de lanza. La capacidad organizativa del PCE y las CCOO fue determinante en el éxito del 4D de 1977.
EL IMPACTO DE LA MOVILIZACIÓN ANDALUZA
El pueblo andaluz, mayoritariamente, conquistó su autonomía y con ello cambió el mapa político de España. Andalucía construyó su autonomía, no frente a Catalunya, Madrid o Euskadi sino en favor de un proyecto propio que coincidía con los intereses y aspiraciones de las mayorías sociales del Estado. El federalismo andaluz ha estado ligado siempre a la emancipación social, al respeto de las identidades nacionales, a la alianza entre los pueblos; por eso ha sido de izquierdas y solidario. Es una vieja herencia que sigue viva en el imaginario social y que periódicamente emerge. No quiere separar sino unir; no quiere privilegios, reivindica la justicia y promueve la cooperación y el apoyo mutuo.
La movilización andaluza se produce mientras se estaba redactando el texto constitucional y tuvo un impacto muy importante en la evolución posterior del proceso de Transición en todo el Estado:
- Rompió el esquema asimétrico de la Constitución obligando a meter el artículo 151 y abrió la posibilidad del “federalismo”, a Andalucía se sumaron País Valenciano y Canarias
- Posteriormente obligó a modificar la Ley de Referéndum y contornear la propia Constitución para aprobar el Estatuto de Autonomía
- Puso las bases para la derrota de la UCD en el conjunto del Estado abriendo el paso al Gobierno al PSOE
El proceso no llegó más allá debido al bloqueo del proceso autonómico tras el 23-F y la LOAPA y la posterior política del “felipismo”. Pero donde más se frustraron las expectativas fue en la propia Andalucía.
LAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS
En Andalucía, el PSOE se dedicó a vaciar de contenido político a la autonomía sustituyéndola por una política de gestión de servicios que se expandieron mucho pero con recursos insuficientes (sanidad, educación, …). La autonomía se convierte además en un instrumento privilegiado del clientelismo, en combinación con el poder local.
Durante una década, el PSOE desactivó pieza a pieza el “polvorín” a punto de estallar. Las promesas de reforma agraria fueron olvidadas mientras los jornaleros fueron compensados desde 1983 con el Plan de Empleo Rural (PER); los agravios de los labradores se amortiguaron a medida que se fueron percibiendo las transferencias de renta que desde Madrid o Bruselas llegaban por la aplicación de la Política Agraria Común (PAC); las empresas en crisis fueron aliviadas al aceptarse sus Expedientes de Regulación de Empleo que convertían sus activos en jubilados prematuros; el “lobo con piel de cordero” que temía el presidente de la patronal, no mordía; se limitaba a comprar el consenso político.
La principal oposición política a este proceso de devaluación de la autonomía se produce en 1984 con el nacimiento de Convocatoria por Andalucía. Durante un decenio, Convocatoria por Andalucía contrapone el proyecto regenerador y de cambio nacido de la movilización popular del 4D y del 28F a la gestión clientelar y anodina de los sucesivos gobiernos del PSOE-A que aceptan pasivamente las sucesivas reconversiones agrarias e industriales sin, como se dijo en su día, “expropiar ni una maceta”.
Las inversiones públicas “de cara al 92” sirvieron para llenar un estado de provisionalidad a la espera de un encaje satisfactorio de Andalucía con el Estado. Ese encaje se produce a principios de los noventa cuando el PSOE-A asume la estrategia del “subdesarrollo racional”; es decir, cuando se admite la incapacidad de Andalucía de valerse por sí misma, se acepta el infradesarrollo a cambio de convertir a la región en perceptora neta de inversiones públicas, ayudas procedentes de fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea y transferencias fiscales de las regiones españolas más ricas.
Así se aseguró el nivel de consumo y el salario indirecto de un importante mercado de las producciones del “norte” y se siguió alimentando la estrategia rentista de los “emprendedores” como capas dominantes sobre un amplio consenso social basado en el clientelismo y el sostenimiento de las rentas.
LA SITUACIÓN ACTUAL: LA CRISIS DEL RÉGIMEN DE 1978 Y EL PAPEL DE ANDALUCÍA
Las bases materiales que posibilitaron este arreglo se han agotado con la crisis de 2008 y las políticas de austeridad de la UE. De ahí la crisis del régimen de 1978. Así, mientras se gestiona un nuevo equilibrio, con serias dificultades como vemos en el caso catalán, Andalucía corre el riesgo de seguir en su situación de postración, sin que los mecanismos que posibilitaron el consenso en los años 90 y primeros 2000 vayan a volver.
Obviamente, la solución urge, y pasa por poner las bases de un nuevo “equilibrio del sur”. Liderado por aquellas fuerzas dispuestas a volver del revés el modelo “extractivo” de capitalismo que ha sobrevivido durante tanto tiempo en Andalucía; un cambio consistente en dar acceso al conjunto de la población a todas las modalidades de capital hoy desigualmente repartidas; a la tierra, al crédito asequible, a una educación sin privilegios concertados que facilite realmente la promoción por el esfuerzo y el saber; a un capital relacional que sirva para crear una economía colaborativa que haga crecer el tamaño de las empresas, exportar, crear empleo, establecer externalidades dentro de la región y alcanzar crecientes niveles de soberanía en los sectores financiero, agroalimentario, energético, servicios, etc., en detrimento del monopolio de multinacionales y grandes corporaciones.
Junto a este programa de regeneración económica, se hace necesaria una nueva política que ponga en el centro los objetivos que el momento histórico requiere. Así, no basta una política de crecimiento económico ciego sino que debe incorporar la cuestión de la igualdad, la emergencia ecológica y la lucha contra las desigualdades crecientes dentro y fuera atendiendo a las necesidades básicas de la población.
Esto sólo es posible como fue la conquista de la autonomía plena, con el concurso y la participación de la mayoría social trabajadora. Mediante el fortalecimiento de los Ayuntamientos, gravemente golpeados por las políticas de recortes, y con la extensión de la democracia participativa que haga posible el control popular sobre la actuación de las administraciones y los aparatos estatales.
En definitiva, sacar a los andaluces del estado de necesidad que les ha obligado a aceptar limosnas a cambio de sumisión y fidelidad política. Nada será posible sin la voluntad colectiva de liberarse de viejas y nuevas oligarquías, de establecer relaciones satisfactorias con el resto de ciudadanos igualmente libres de este país.
