Este 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista denunciamos la complicidad de los gobiernos que con sus políticas dejan vulnerables y desprotegidas a las mujeres. Porque violencia machista no es solo la ejercida por los exmaridos o las exparejas. También la complicidad es violencia machista.

Cómplice es el gobierno cuando con sus políticas deja a las mujeres jubiladas en extrema pobreza con un 37% de brecha de las pensiones respecto a la de los hombres, que en la media general de las mujeres equivale a 421 euros menos de pensión que la media general de los hombres (Ministerio de Empleo y seguridad Social en junio 2017). Pensiones de las mujeres que en la media no llegan a los 700 euros.

Cómplice es el gobierno que con sus reformas laborales nos sitúa  a las mujeres como ciudadanas de segunda  subordinadas y dependientes, con una brecha salarial que en España oscila entre el 20 y un 30 % inferior al de los hombres, prácticamente en todas las comunidades autónomas. En la Unión Europea la diferencia de salarios entre ambos sexos es de un 15 %, lo que supone que las mujeres europeas deben trabajar casi dos meses más para igualar su sueldo al de los hombres.

Cómplice es el gobierno que destruye el escaso estado de bienestar y no garantiza la dependencia, la justicia social y la igualdad. En los últimos años las políticas de igualdad han sufrido el recorte del 43% y los recursos en prevención de la violencia de género se han reducido en el 17% (Oxfam Intermón en noviembre 2016).

Es cierto que en el pacto de estado contra la violencia machista recientemente aprobado avanza en materia presupuestaria pero ha sido tan grande el retroceso en materia de igualdad, han sido tan grandes los recortes de recursos y servicios públicos necesarios para fomentar la igualdad y para  atender y prevenir las violencias machistas que  continúa siendo escaso y, además, no hay ninguna claridad ni  garantías para su cumplimiento, lo que queda en manos de los intereses partidistas del Gobierno del PP. En definitiva, un pacto que sirve para lavar la cara a quienes nos agreden con sus políticas.

Cómplice también es legislar contra la violencia de género y no  recoger la retirada de la custodia a los padres maltratadores, no olvidamos a Juana Rivas ni a todas las Juanas que tienen que ver peligrar la vida de sus hijas e hijos.

Cómplice es el gobierno que desprotege a las familias monoparentales donde la persona adulta es una mujer que son la mayoría, el 53’5 % viven en el umbral de la pobreza.

Cómplice es el gobierno que invisibiliza las situaciones de extrema exclusión que sufren muchas y muchas mujeres. En España, son 6 millones de personas el número de mujeres que viven en el medio rural, donde se acentúa el desempleo femenino y la brecha salarial entre hombres y mujeres. El 60% de las víctimas mortales de violencia machista provienen de este ámbito.

Cómplice es el gobierno que no pone medios suficientes para atender las violencias que sufren las mujeres con diversidad funcional, que por su mayor vulnerabilidad están expuestas a formas refinadas y crueles de violencia, en el hogar por sus parejas o familiares, o en ocasiones en los mismos centros de atención públicos y privados por sus cuidadores.

En España de 50.000 a 60.000 mujeres sufren esclavitud sexual, una de las más graves situaciones de violencia machista. La permisividad y la tolerancia de la prostitución permiten que los hombres de todas las clases sociales tengan al alcance las mujeres de los países pobres, aquellas que huyen de las guerras y de las violencias sociales y económicas.

Un pacto de estado contra violencias machistas debe explicitar la explotación sexual que supone la prostitución, que se trata de manera absolutamente tangencial, que ni si quiera se menciona y que contraviene importantes normativas internacionales. Ambas son claras expresiones de la explotación del cuerpo de las mujeres, de la mercantilización de la que son objeto y de cómo se pretenden normalizar en nuestra sociedad estas formas de violencia.

En definitiva, cómplice es el gobierno y los partidos que apoyan sus políticas que para sustentar al sistema capitalista y patriarcal recortan los   derechos y la vida de las mujeres.

El PCE denunciamos que el pacto de estado no tenga una visión integral de la violencia machista, y eso después de transcurridos casi 13 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, que sólo reconoce la violencia en el ámbito de la pareja/ex pareja o en el sexual.

El terrorismo machista es una cuestión de estado por ello exigimos al gobierno y a los partidos políticos trabajar parar avanzar con las organizaciones feministas hacia una verdadera ley integral contra la violencia machista.

El PCE Llamamos a participar en la movilización de este 25 de noviembre que ha de ser el impulso hacia la ¡huelga internacional, el próximo 8 de marzo!