¿Qué supone la reforma de las pensiones?

LOS RIESGOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Uno de los conceptos fundamentales del sistema público de reparto es el de la tasa de dependencia, un indicador estadístico que relaciona la cantidad de personas que reciben pensiones y la cantidad de personas que cotizan. De esa forma se entiende que si la cantidad de pensionistas crece más rápido que la de trabajadores, será más difícil sostener el sistema público de pensiones porque los gastos (las pensiones) serán más elevados que los ingresos (las cotizaciones).

piramide-pob-anda

En realidad es cierto que en España, como en otras sociedades, hay un fuerte proceso de envejecimiento. En todo caso podría revertirse con políticas de fomento de la natalidad, inmigratorias o, más generalmente, de creación de empleo. Pero el Gobierno prefiere desmantelar poco a poco el sistema público de pensiones excusándose en su falta de sostenibilidad. De hecho, el verdadero riesgo que afronta el sistema público de pensiones es que las políticas suicidas del Gobierno están empujando al exilio a los jóvenes por la falta de trabajo, fomentando la creación de contratos precarios que cotizan muy poco o nada y, en definitiva, creando un desierto social. Es decir, el problema es de ingresos y no de gastos. El Gobierno más que recortar en gastos debería aumentar los ingresos.

LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES

El Gobierno del Partido Popular ha presentado el anteproyecto de la ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la seguridad social. Se trata de una reforma continuadora de la Ley 27/2011, de 1 de Agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social aprobada por el Gobierno del PSOE. Ambas reformas se enmarcan en el programa de reformas estructurales que la troika está promoviendo para España y otros países de la periferia europea.

En este caso la reforma plantea que existen riesgos a medio y largo plazo en la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Riesgos que estarían asociados con niveles bajos de natalidad y con la elevación prevista de la esperanza de vida. Esos elementos explicarían, a juicio del Gobierno, la aparición de déficits en las cuentas de la seguridad social.

La Reforma aprueba, siguiendo el informe que un comité de “expertos independientes” elaboró hace unos meses, una nueva estructuración del Factor de Sostenibilidad con dos componentes: factor de equidad intergeneracional (FEI) y factor de actualización anual de todas las pensiones (FRA), ambas pudiendo tomar valores negativos.

El Factor de Sostenibilidad se presenta en la ley “como un instrumento que permite vincular con carácter automático el importe inicial de las pensiones de jubilación del sistema  de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas”. Afectará a la determinación de las pensiones causadas a partir de enero de 2019, y sin duda se trata de una reducción futura de las pensiones iniciales. Pero en realidad el factor de sostenibilidad es algo más: es un incentivo para las pensiones privadas. Su creación ahora es una llamada de atención a quienes puedan suscribir fondos privados de pensiones con las entidades financieras ya que, en definitiva, se está alertando de una rebaja considerable en las pensiones futuras. Una especie de “sálvese quien pueda” que se deriva del inmediato “nosotros no vamos a hacer nada”.

Es decir, el Gobierno simplemente actúa como mercenario de las entidades financieras. Y lo reconoce ampliamente al afirmar que el Factor de Sostenibilidad tiene también la función de “facilitar que los ciudadanos tengan una imagen correcta de lo que el sistema de pensiones  puede pagar por sí mismo y puedan adoptar, en caso de considerarlo necesario, decisiones correctamente informadas, a la vista del plazo razonablemente largo para su inicial aplicación (1 de enero de 2019)”. Algo repetido varias veces en el anteproyecto: “con la finalidad de que los futuros pensionistas puedan ser informados de forma adecuada de las posibles consecuencias de la puesta en práctica del Factor de Solidaridad y tomar medidas en relación con las mismas, en caso de estimarlo conveniente”.

Por otra parte, el índice de revalorización anual es un componente que el Gobierno ha creado con el objetivo de rebajar la capacidad adquisitiva de los pensionistas pero permitiendo vender que se han subido las pensiones en términos absolutos (un 0,25%). ¿Cómo es posible esto?

La Constitución Española establece en el artículo 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Para concretar esa actualización periódica se desarrolló en 1997 un artículo, el 48, en la Ley General de la Seguridad Social, que estableció la revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC. Si subían los precios subirían las pensiones, manteniéndose de esa forma la capacidad adquisitiva.

La nueva reforma plantea que todo eso ha de cambiar. Ahora las pensiones no estarán vinculadas al IPC sino a un mecanismo que plantea una subida mínima del 0,25%. Eso significa que si los precios, medidos por el IPC, suben un 1% como espera el Gobierno, los pensionistas perderán un 0,75% de su capacidad adquisitiva anual. Pero si el IPC subiera mucho más, hasta el 2% como es el objetivo del Banco Central Europeo, los pensionistas perderían hasta un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Este Índice de Revalorización sustituirá a partir del 1 de enero de 2014 el índice de referencia que se aplicaba desde 1997 para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, lo que significa que en apenas unos meses se notará el efecto regresivo.